Carta para Embajada de Guatemala ante los recientes actos de violencia contra comunidades maya afectadas por proyecto de construcción de planta de cemento de CEMPRO en San Juan Sacatepéquez.

Embajador: Nelson Rafael Olivero Garcia

Embajada de Guatemala en México

De nuestra consideración:

El pasado cinco de julio se dio una situación de violencia en la comunidad de San Juan Sacatepéquez, donde un grupo de más de 75 personas armadas con pistolas y machetes entraron a la comunidad con el propósito de desalojar a quienes se oponen a la construcción y operación de la planta de cemento propiedad de la empresa guatemalteca Cementos Progreso (CEMPRO), proyecto que fue formalmente rechazado por las comunidades Maya Kakchiqueles del lugar en mayo de 2007. En esa ocasión, una consulta popular para conocer la opinión de las comunidades ante la minería y la cementera dio como resultado 8,994 votos en contra de la instalación de la empresa El Progreso y 4 a favor.  Lo anterior, dado que ven en él un riesgo para su territorio y su forma de vida que consiste en la agricultura de flores. Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, y pese a ello las obras continuaron.

En el reciente intento de desalojo mencionado, resultaron heridos con arma blanca 15 habitantes de la comunidad, tres de ellos de gravedad. Este acto de violencia no es un hecho aislado, pues desde el 2006 se vienen dando casos de represión y criminalización contra los 12 pueblos que se oponen a este proyecto. En septiembre del 2014 se dio el mayor acto de violencia a la comunidad hasta hoy, cuando fueron asesinadas impunemente tres de las personas que se oponían al proyecto, tras lo cual se decretó el estado de Excepción en la región y una mayor represión por parte del Estado.

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra honda preocupación y repudio al uso de la violencia contra las comunidades opositoras al proyecto de CEMPRO, sin que el gobierno guatemalteco actúe y vele por proteger los derechos humanos de las comunidades, al punto de arriesgar su vida por defender su territorio.

Por las razones expuestas, exigimos:

  • Una investigación a CEMPRO y la identificación clara de responsabilidades por las prácticas de violencia, represión y acoso que viven las comunidades afectadas por sus propuestas, así como la identificación de responsabilidades de la empresa en estos actos y las correspondientes sanciones legales.
  • El cierre de la planta cementera, así como de las construcciones anexas, como son carreteras, bodegas, etc. que ponen en riesgo las formas de vida y la integridad física y sicológica de las comunidades.
  • Un alto a la criminalización, persecución y asesinato de los y las comunidades en resistencia.

Esperamos que la Embajada de Guatemala tenga en consideración nuestra posición y preocupación.

 

Atentamente,

Frente de Comunidades en Contra de la Incineración